Ciudadanía

1.1. Definición

La ciudadanía es una condición jurídico-política que reconoce a una persona un conjunto de derechos y deberes para intervenir en la vida política del Estado. No es lo mismo que la nacionalidad, aunque estén relacionadas. La nacionalidad responde a la pregunta ¿de qué Estado soy miembro?, mientras que la ciudadanía responde a ¿estoy habilitado para participar políticamente?.

En el Perú, la ciudadanía se adquiere al cumplir 18 años. A partir de ese momento, la persona es considerada políticamente capaz de decidir por sí misma, elegir autoridades y participar en los asuntos públicos.

Sin embargo, no basta cumplir 18 años. El artículo 30 de la Constitución Política exige, además, la inscripción electoral. Es decir, la persona debe estar registrada en el padrón electoral para poder ejercer los derechos ciudadanos. Un joven de 18 años que no ha tramitado su DNI o que, por cualquier motivo, no figura en el padrón, no puede votar ni postular.

1.2. Ciudadanía y capacidad de ejercicio

La ciudadanía está estrechamente vinculada con la capacidad de ejercicio del derecho civil. Al cumplir 18 años, una persona puede, en principio, celebrar actos jurídicos por sí misma y ejercer personalmente sus derechos. En el plano político, esto se traduce en el derecho a elegir y ser elegido, a participar en el gobierno y a intervenir en las decisiones públicas.

La legislación peruana ha ido reconociendo que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones. El modelo tradicional de la interdicción —que privaba a la persona de todo ejercicio de sus derechos— ha venido siendo reemplazado por un sistema de apoyos y salvaguardias. Sin embargo, la Constitución de 1993 mantiene la figura de la interdicción como causal de suspensión de la ciudadanía, y es la que debes manejar para el examen.

1.3. Una ciudadanía en construcción permanente

Más allá de la definición jurídica, conviene entender la ciudadanía como un proceso dinámico. No se agota en obtener un DNI o votar cada cinco años. Ser ciudadano implica desarrollar un sentido de pertenencia a una comunidad política, reflexionar críticamente sobre los asuntos públicos, comprometerse con una sociedad más justa y respetar la diversidad. Esta idea de ciudadanía activa y permanente es la que sostiene los mecanismos de participación que se estudian más adelante.

2.1. Derechos ciudadanos

La Constitución reconoce a los ciudadanos un conjunto de derechos políticos, entre los que destacan:

• Elegir y ser elegido. Todo ciudadano inscrito puede votar y postular a cargos de elección popular, siempre que cumpla los requisitos adicionales de cada cargo.
• Participar en los asuntos públicos. Esto incluye intervenir en la formulación de políticas, opinar sobre asuntos públicos, presentar iniciativas legislativas y de reforma constitucional.
• Intervenir en mecanismos de participación directa: referéndum, consulta previa, presupuesto participativo.
• Controlar a las autoridades: revocatoria, remoción, demanda de rendición de cuentas.
• Asociarse con fines políticos. El artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a organizarse en partidos, movimientos y alianzas, conforme a ley.

La participación ciudadana no se limita al acto electoral. Implica formar parte y tomar parte en la vida de la comunidad: opinar, vigilar, colaborar, decidir y controlar.

2.2. Deberes ciudadanos

Ser ciudadano también implica responsabilidades. Los principales deberes son:

1. Honrar a la patria y proteger los intereses nacionales, contribuyendo con el desarrollo del país.
2. Defender la Constitución y las leyes, que garantizan el orden y la convivencia pacífica.
3. Pagar los tributos, para que el Estado pueda financiar los bienes y servicios públicos.
4. Sufragar en los procesos electorales y consultas populares, con las excepciones que la propia Constitución y la ley establecen.

El voto en el Perú es obligatorio hasta los 70 años y facultativo después de esa edad. Esto significa que los ciudadanos entre 18 y 70 años deben concurrir a votar; si no lo hacen, deben justificar su inasistencia o pagar una multa. A partir de los 70, el voto es un derecho que puede ejercerse libremente, sin sanción por abstenerse.

Una idea fundamental es que la ciudadanía no se pierde de manera definitiva, salvo en casos muy excepcionales. Lo que la Constitución regula es su suspensión: la persona sigue siendo ciudadana, pero temporalmente no puede ejercer sus derechos políticos.

El artículo 33 de la Constitución establece tres causales de suspensión:

1. Por resolución judicial de interdicción. Es una decisión judicial que declara a una persona incapaz de ejercer por sí misma sus derechos civiles. Históricamente, se aplicaba a personas con discapacidad mental, pródigos, ebrios habituales o toxicómanos. Como ya se señaló, la legislación civil peruana ha evolucionado hacia un modelo de capacidades y apoyos, pero para el examen debes recordar que la Constitución la mantiene como causal.

2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. Si un juez impone una condena a prisión efectiva, el ciudadano queda suspendido en sus derechos políticos mientras dure la condena. La lógica es que quien ha cometido un delito grave y está recluido no puede ejercer plenamente los derechos de participación.

3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Es una pena que puede imponerse de manera accesoria o principal. Impide votar, postular, ser jurado electoral o ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la inhabilitación.

Debes prestar especial atención a dos confusiones frecuentes:

• Detención preventiva ≠ suspensión. Un procesado con prisión preventiva aún no tiene sentencia firme; por tanto, no está suspendido en sus derechos ciudadanos. En cambio, un condenado con pena privativa de libertad sí lo está.
• Estado de emergencia ≠ suspensión automática. El estado de emergencia puede restringir el ejercicio de algunos derechos, como la libertad de tránsito o de reunión, pero no suspende la ciudadanía.

La participación ciudadana puede definirse como el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas, a través de actos orientados a influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales, contribuyendo así a mejorar la gestión pública y la calidad de vida.

Este derecho está reconocido en el artículo 31 de la Constitución, que señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante:

• Referéndum;
• Iniciativa legislativa;
• Remoción o revocatoria de autoridades;
• Demanda de rendición de cuentas.

Además, la participación ciudadana comprende otras formas no electorales, como la consulta previa a los pueblos indígenas, el presupuesto participativo, los consejos de coordinación y los mecanismos de vigilancia ciudadana.

La participación puede ser:

• Individual: cuando un ciudadano presenta una idea, vota, opina o fiscaliza por su cuenta.
• Colectiva u organizada: cuando se ejerce a través de organizaciones sociales, gremios, partidos políticos, movimientos, asociaciones de vecinos, entre otros.

La importancia de la participación ciudadana radica en que complementa la democracia representativa con mecanismos de democracia directa. En una democracia representativa, el ciudadano elige representantes; en una democracia participativa, el ciudadano no se desentiende de los asuntos públicos después de votar, sino que interviene, opina y controla durante todo el mandato.

Los mecanismos de participación ciudadana pueden agruparse en dos grandes bloques:

• Mecanismos de participación: permiten que el ciudadano intervenga en la formación de decisiones, normas o políticas. Aquí se ubican el sufragio, la iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma constitucional, el referéndum, la consulta previa y el presupuesto participativo.
• Mecanismos de control ciudadano: permiten que el ciudadano vigile, evalúe o remueva a las autoridades. Aquí se ubican la revocatoria, la remoción y la demanda de rendición de cuentas.

A continuación, se desarrolla cada uno.

6.1. El sufragio o derecho al voto

El sufragio es el derecho que tiene el ciudadano a elegir a sus autoridades políticas. Es la forma más básica y universal de participación. En el Perú, el voto tiene las siguientes características:

• Personal: solo el propio ciudadano puede ejercerlo; no se puede delegar.
• Igual: todos los votos valen por igual.
• Libre: no se puede obligar al elector a votar por una determinada opción.
• Secreto: nadie puede ser obligado a revelar el sentido de su voto.
• Obligatorio hasta los 70 años y facultativo después de esa edad.

El sufragio se ejerce para elegir a autoridades nacionales (presidente, congresistas), regionales (gobernador, vicegobernador, consejeros) y municipales (alcaldes y regidores). Los períodos de mandato varían: los alcaldes y regidores son elegidos por cuatro años, mientras que otras autoridades pueden tener períodos de cinco años según sus normas específicas.

Un punto clave es la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad. El artículo 34 de la Constitución reconoce que tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, pero no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias, manifestaciones ni actos de proselitismo, mientras estén en actividad. Para postular, deben pasar antes a la situación de retiro.

6.2. Iniciativa en la formación de leyes

La iniciativa legislativa es la facultad de presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República. En un régimen democrático, esta facultad no es exclusiva del presidente de la República ni de los congresistas; también corresponde, en determinados casos, a los ciudadanos.

Cuando los ciudadanos presentan un proyecto de ley, se habla de iniciativa legislativa ciudadana. Para que sea procedente, se requiere la firma de al menos el 0.3 % de la población electoral nacional.

Sin embargo, esta facultad tiene límites materiales: los ciudadanos no pueden presentar proyectos de ley sobre temas tributarios ni presupuestales. La razón es que estas materias son de competencia exclusiva del Estado, que debe mantener el equilibrio fiscal y evitar que intereses particulares afecten las finanzas públicas.

6.3. Iniciativa de reforma constitucional

La iniciativa de reforma constitucional es similar a la anterior, pero tiene por objeto presentar proyectos de reforma de la Constitución. También corresponde a los ciudadanos, con el mismo requisito: 0.3 % de la población electoral nacional.

La diferencia fundamental es el objeto: mientras la iniciativa legislativa busca crear, modificar o derogar una ley ordinaria, la iniciativa de reforma constitucional busca cambiar la norma suprema. Por eso, tiene límites aún más estrictos: no se puede usar para afectar derechos fundamentales.

6.4. El referéndum

El referéndum es una consulta popular mediante la cual los ciudadanos aprueban o desaprueban determinadas decisiones normativas. Es el mecanismo más directo de democracia participativa: el ciudadano no elige a un representante, sino que se pronuncia directamente sobre el contenido de una norma.

En el Perú, el referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10 % del electorado nacional.

Puede someterse a referéndum:

• La aprobación o derogación de normas con rango de ley;
• Las ordenanzas municipales;
• La aprobación o modificación de reformas constitucionales;
• Asuntos relacionados con la descentralización.

No procede el referéndum sobre:

• Materias tributarias y presupuestales;
• Derechos fundamentales;
• Tratados internacionales en vigor.

La lógica de estos límites es proteger los ingresos del Estado, los derechos de todas las personas y la estabilidad de los compromisos internacionales.

Un detalle adicional: una norma aprobada mediante referéndum no puede ser modificada hasta después de dos años, salvo que se realice un nuevo referéndum. Esto busca dar estabilidad a las decisiones ciudadanas.

6.5. La consulta previa

La consulta previa es un mecanismo de participación que involucra de manera esencial a los pueblos indígenas u originarios. Consiste en el derecho de estos pueblos a ser consultados antes de que el Estado adopte medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos colectivos.

Este derecho se fundamenta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está regulado en el Perú por la Ley N.º 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Su finalidad es proteger la existencia física, la identidad cultural, la calidad de vida y el desarrollo de estos pueblos.

La consulta previa es distinta de otros mecanismos porque no se trata de una simple votación, sino de un proceso de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas. Además, se realiza de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo.

6.6. El presupuesto participativo

El presupuesto participativo es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía interviene en la priorización del gasto público en los gobiernos regionales y locales. A través de asambleas, talleres y comités, los vecinos proponen y deciden qué proyectos se financiarán con los recursos disponibles.

No se trata de decidir todo el presupuesto, sino de priorizar proyectos de inversión que respondan a las necesidades del distrito, provincia o región. Este mecanismo es especialmente importante porque permite a la población decidir de manera directa en qué se gastan los recursos públicos locales.

7.1. La revocatoria de autoridades

La revocatoria es el mecanismo de control ciudadano mediante el cual los electores pueden destituir de su cargo a una autoridad elegida por voto popular, antes de que termine su mandato. Se trata de una manifestación de democracia directa: si el pueblo eligió, el pueblo también puede remover cuando considera que la autoridad no está cumpliendo.

Este mecanismo está regulado por la Constitución y la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Se aplica a autoridades subnacionales, es decir:

• Alcaldes provinciales y distritales;
• Regidores municipales;
• Gobernadores regionales;
• Vicegobernadores regionales;
• Consejeros regionales.

No procede contra autoridades nacionales, como el presidente de la República, los congresistas o los jueces.

Para que se lleve a cabo una revocatoria, se requiere la firma del 25 % de los electores de la circunscripción respectiva. Por ejemplo, si se quiere revocar al alcalde de un distrito, se necesita el 25 % de firmas del padrón electoral de ese distrito, no del padrón nacional.

La revocatoria tiene, sin embargo, reglas que evitan su uso abusivo o permanente:

• No procede durante el primer año ni durante el último año del mandato. El primer año es un período de gracia para que la autoridad muestre su trabajo; el último año evita que la revocatoria se convierta en un adelanto electoral.
• Solo puede solicitarse una vez por período para la misma autoridad. Si la consulta de revocatoria fracasa, no se puede volver a intentar.
• La revocatoria no exige, para su procedencia, una causa específica como corrupción o mala gestión; basta con que se reúna el porcentaje de firmas. La ciudadanía decide soberanamente si retira su confianza a la autoridad.

7.2. La remoción de autoridades

La remoción es un mecanismo de control ciudadano que se aplica a autoridades designadas, no elegidas por voto popular. Se utiliza para separar de su cargo a funcionarios que han sido nombrados por el Poder Ejecutivo o que ocupan cargos de confianza.

Mientras la revocatoria opera sobre autoridades electas (alcaldes, regidores, gobernadores), la remoción opera sobre autoridades designadas, como prefectos, subprefectos u otros funcionarios de confianza. Por ello, la remoción no requiere reunir un porcentaje de firmas como la revocatoria, sino que sigue los procedimientos establecidos por la ley.

La distinción esencial es:

• Revocatoria: se retira del cargo a quien fue elegido por la ciudadanía.
• Remoción: se retira del cargo a quien fue designado por una autoridad o poder del Estado.

7.3. La demanda de rendición de cuentas

La demanda de rendición de cuentas es un mecanismo de control que permite a los ciudadanos exigir a las autoridades que informen sobre su gestión, especialmente sobre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de sus funciones.

A diferencia de la revocatoria o la remoción, la demanda de rendición de cuentas no busca destituir a la autoridad, sino obligarla a explicar y transparentar sus actos. Es un instrumento de fiscalización y transparencia.

La rendición de cuentas puede ser solicitada por los ciudadanos ante las autoridades municipales, regionales o nacionales, según corresponda. Es especialmente importante en los gobiernos locales y regionales, donde la ciudadanía tiene mayor cercanía con la gestión de los recursos públicos.

La Constitución no solo reconoce la participación individual. El artículo 35 establece que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. Estas organizaciones pueden ser:

• Partidos políticos: organizaciones permanentes que buscan acceder al poder y representar corrientes de opinión.
• Movimientos políticos: organizaciones de alcance regional o local, con fines electorales.
• Alianzas electorales: unión temporal de partidos o movimientos para participar en un proceso electoral.

Como vimos, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad tienen restricciones. Si bien pueden votar, no pueden postular a cargos de elección popular, realizar proselitismo ni participar en actividades partidarias mientras permanezcan en actividad. Solo al pasar al retiro recuperan plenamente el ejercicio de estos derechos.

Esta restricción busca preservar la neutralidad política de los cuerpos armados y policiales, que deben estar al servicio de todos los ciudadanos y no de una parcialidad política.