Convivencia democrática y cultura de paz

La convivencia democrática puede definirse como la manera en que las personas interactúan y toman decisiones de forma justa y equitativa, respetando las opiniones y los derechos de todos los involucrados. En otras palabras, convivir democráticamente significa «vivir con» aquel que piensa distinto o que tiene diferente idioma, cultura, raza, religión o ideología política, en armonía, sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de las demás.

Esta idea tiene varias consecuencias prácticas:

1. Aceptar la diversidad. Una sociedad democrática no exige uniformidad; al contrario, parte del reconocimiento de que existen múltiples formas de pensar, creer y vivir. La convivencia democrática implica tolerancia activa: no solo soportar al diferente, sino valorar su presencia.
2. Rechazar la imposición. En una convivencia democrática ninguna persona o grupo puede imponer su forma de vida por la fuerza. Las decisiones se toman respetando a las minorías, incluso cuando gobierna la mayoría.
3. Someter el poder a normas. Los gobernantes y funcionarios no pueden hacer lo que quieran con el poder público; deben actuar según procedimientos previos y en beneficio del interés general. La corrupción rompe precisamente este principio, porque usa el poder para favorecer intereses particulares.

La convivencia democrática es, por tanto, una condición de la democracia real. Sin ella, las elecciones pueden convivir con la exclusión, el racismo, la violencia y la corrupción, lo que vacía de contenido al sistema político.

Los valores democráticos son los principios que orientan la conducta de las personas y las instituciones para que la convivencia sea justa y pacífica. No son adornos morales, sino condiciones operativas: si desaparecen, la convivencia democrática se deteriora.

Los valores más importantes que se asocian a este tema son:

• Respeto: consideración hacia los demás, que implica reconocer su dignidad y sus derechos, aunque no compartamos sus ideas o estilos de vida. Es la base de los demás valores.
• Tolerancia: capacidad de escuchar y aceptar las diferencias. No significa indiferencia, sino disposición a convivir con opiniones y prácticas distintas, dentro del marco de la ley.
• Pluralismo: actitud de reconocer y valorar la diversidad de opiniones, creencias y formas de organización social. En una sociedad pluralista, la discusión pública no busca eliminar al adversario, sino llegar a acuerdos.
• Solidaridad: adhesión o ayuda hacia otras personas, especialmente hacia quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La solidaridad evita que la convivencia se reduzca a una simple coexistencia egoísta.
• Responsabilidad: compromiso de actuar de manera correcta, asumir las consecuencias de los propios actos y cumplir los deberes ciudadanos. Sin responsabilidad, la libertad se convierte en abuso.
• Justicia: dar a cada uno lo que le corresponde, mediante criterios objetivos y sin privilegios. La justicia es el horizonte de la convivencia democrática.
• Diálogo: intercambio de posiciones con la finalidad de llegar a acuerdos. El diálogo es el instrumento privilegiado para manejar las diferencias.

En el contexto peruano, estos valores se enseñan de manera transversal en la educación básica y en la formación ciudadana, porque se entiende que una convivencia democrática no surge espontáneamente: se aprende, se practica y se defiende.

El Perú es un país pluricultural y multilingüe. La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos, y abarcan la lengua, la religión, la gastronomía, el arte, la música, la medicina tradicional, las tecnologías propias y las formas de organización social.

Según la UNESCO, la diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los ecosistemas. En el Perú, esa diversidad es una riqueza, pero también ha sido fuente de tensiones, porque históricamente ciertas culturas han sido valoradas como superiores y otras han sido excluidas o despreciadas.

En relación con la convivencia, la diversidad cultural plantea al menos tres conceptos importantes:

• Identidad cultural: es el grado de vinculación e identificación que manifiestan las personas con su sociedad, con las instituciones y con los grupos que la conforman. Cuando una persona se siente parte de un grupo social, participa más activamente en él.
• Pluriculturalidad: es el reconocimiento pleno y tolerante de las diferencias culturales que coexisten en un determinado país o nación. No implica necesariamente interacción equitativa, sino aceptación de la coexistencia.
• Interculturalidad: es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, mediante el diálogo y el respeto mutuo. Va más allá de la simple coexistencia: busca que las culturas dialoguen en condiciones de igualdad.

La convivencia democrática en el Perú exige pasar de una simple pluriculturalidad a una auténtica interculturalidad. Eso significa no solo tolerar al quechua, aimara, asháninka o awajún, sino reconocer que sus saberes, lenguas y prácticas enriquecen a toda la nación y deben ser protegidos. La educación intercultural bilingüe y las políticas de consulta previa son ejemplos de esfuerzos en esa dirección.

La convivencia democrática no está asegurada. En el Perú, como en muchos países de América Latina, se ve amenazada por problemas estructurales. Tres de los más importantes son la discriminación, la delincuencia y la corrupción. Estos problemas no son exclusivos del ámbito estatal ni se limitan a actos individuales: tienen raíces históricas, sociales y culturales.

La discriminación

La discriminación es el trato diferenciado o desigual que, sin justificación, se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos. Ese trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico: color de la piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social o de cualquier otra índole.

Para que un acto sea considerado discriminatorio, en el Perú suelen identificarse tres elementos:

1. Un trato diferenciado e injustificado. No toda diferencia de trato es discriminación; por ejemplo, exigir requisitos de edad para ser candidato presidencial es una diferencia objetiva y razonable. La discriminación se configura cuando la diferencia carece de justificación legítima.
2. Un motivo prohibido. La diferencia se basa en una característica personal o social que la ley prohíbe usar como criterio de exclusión: raza, sexo, orientación sexual, discapacidad, religión, etc.
3. La anulación o menoscabo de un derecho. El trato discriminatorio impide o limita el reconocimiento, ejercicio o goce de un derecho fundamental, como estudiar, trabajar, acceder a un servicio o participar en un proceso de selección.

Existen distintos tipos de discriminación según el motivo empleado:

En el Perú, los prejuicios raciales y la discriminación étnica tienen raíces coloniales. Aún hoy se observan prácticas de exclusión hacia personas andinas, amazónicas o afroperuanas, así como una «cultura de élite» que asocia el estatus con el origen, el apellido, el color de piel o el dominio de ciertos códigos urbanos.

Una dificultad para combatir la discriminación es que muchas víctimas no denuncian por vergüenza, negación, normalización del maltrato, desconocimiento de sus derechos o desconfianza en las autoridades. Por eso, la educación en derechos humanos y la difusión de los canales de denuncia son fundamentales.

La delincuencia

La delincuencia se refiere a las infracciones cometidas por una persona o grupos organizados contra la ley penal, que merecen castigo por la sociedad. Las sanciones pueden ir desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y del ordenamiento jurídico de cada país.

La delincuencia puede ser:

• Común u ocasional: actos delictivos realizados por personas que no forman parte de una organización criminal, como un robo simple o un hurto.
• Organizada: aquella que involucra estructuras estables, con división de tareas, jerarquía y permanencia en el tiempo. En el Perú se manifiesta a través del sicariato, la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y el crimen urbano.

Los factores que explican la delincuencia son múltiples: pobreza, desigualdad, desempleo, deserción escolar, violencia familiar, debilidad institucional, impunidad y presencia de mercados ilegales. La delincuencia atenta contra la convivencia democrática porque genera miedo, desconfianza y demanda de soluciones autoritarias que pueden erosionar los derechos humanos. Además, cuando el Estado es débil o corrupto, la delincuencia organizada penetra las instituciones y captura territorios, afectando gravemente la seguridad ciudadana.

En el Perú, la percepción de inseguridad es una de las más altas de América Latina. Las políticas de seguridad ciudadana deben combinar prevención social (educación, empleo juvenil, recuperación de espacios públicos) con control penal y fortalecimiento de la justicia.

La corrupción

La corrupción es el mal uso del poder público o el incumplimiento de los principios del buen gobierno, con el propósito de obtener ventajas o beneficios indebidos para quien actúa o para terceros, en perjuicio del bienestar general. No es un problema exclusivo de la administración pública: también existe en la esfera privada, cuando una empresa soborna a otra o cuando un gerente desvía recursos de una compañía. Sin embargo, en el contexto de la convivencia democrática interesa especialmente la corrupción pública, porque afecta la institucionalidad democrática, la confianza ciudadana y la provisión de servicios esenciales.

La corrupción requiere, en general, la participación de dos actores: el corrupto, que desde una posición de poder (por ejemplo, un funcionario público) puede ofrecer algo valioso, y el corruptor, que está dispuesto a pagar un soborno o dar una ventaja para obtener un beneficio.

Entre los principales factores que favorecen la corrupción se encuentran la ambición, la codicia, la falta de valores, la escasa conciencia social, el desconocimiento de lo legal e ilegal, la baja autoestima, la impunidad en los actos de corrupción y la falta de transparencia. Sus consecuencias más graves son la restricción del ejercicio de derechos fundamentales, el debilitamiento de la gobernabilidad, la pérdida de confianza en las instituciones y el desperdicio de recursos que podrían destinarse a educación, salud o infraestructura.

En el Perú, la corrupción ha tenido manifestaciones sistémicas: desde los pagos de Odebrecht hasta las redes de corrupción en gobiernos regionales y municipales. La Defensoría del Pueblo y organismos internacionales han señalado que la corrupción es uno de los principales problemas de convivencia en el país.

Delitos contra la administración pública vinculados a la corrupción

Cuando la corrupción se expresa en el ámbito público, el Código Penal peruano tipifica varios delitos contra la administración pública. Para efectos de la convivencia democrática, los más relevantes son:

1. Cohecho (la coima). Consiste en sobornar a una autoridad a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Tiene dos modalidades:

   • Cohecho pasivo: cuando la autoridad o funcionario público acepta, recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega de un donativo, promesa o ventaja de parte de un ciudadano.
   • Cohecho activo: cuando el particular (corruptor) ofrece, da o promete a un funcionario público un donativo, promesa, ventaja o beneficio para que haga u omita algo en el ejercicio de su cargo.

2. Peculado. Se comete cuando un funcionario público se apropia o utiliza, en provecho propio o de terceros, de bienes o recursos del Estado que le han sido confiados por razón de su cargo. Por ejemplo, un alcalde que usa combustible de la municipalidad para su vehículo particular comete peculado. La diferencia con el cohecho es clara: en el peculado el funcionario se apropia o desvía bienes públicos, mientras que en el cohecho hay un acuerdo de dar o recibir una ventaja para torcer una decisión.

3. Malversación de fondos. Ocurre cuando una autoridad da a los dineros o bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados. Por ejemplo, usar fondos de un programa social para financiar una fiesta patronal. A diferencia del peculado, en la malversación muchas veces no hay apropiación personal, sino desvío del destino oficial de los recursos.

4. Colusión. Se configura cuando un funcionario público que interviene en procesos de compra de bienes, servicios o designación de contratos con el Estado se asocia dolosamente con agentes privados para favorecer a determinadas empresas, defraudando al Estado. Un caso típico es acordar precios en una licitación o filtrar información para que gane un postor específico.

5. Tráfico de influencias. Se produce cuando una autoridad invoca tener influencias, reales o simuladas, para obtener algún tipo de beneficio para sí o para un tercero en un asunto público o privado. Por ejemplo, un exministro que cobra por interceder ante un actual funcionario para agilizar un trámite.

Es importante distinguir la corrupción de la simple ineficiencia o negligencia. La corrupción implica siempre un componente de abuso de poder para obtener un beneficio indebido, mientras que la ineficiencia puede deberse a falta de capacidad o recursos.

Un conflicto es una lucha expresada entre al menos dos personas o grupos que perciben objetivos incompatibles u opuestos. El conflicto es inherente a toda sociedad; no se trata de eliminarlo, sino de manejarlo de manera constructiva. La convivencia democrática requiere que los conflictos se resuelvan pacíficamente, sin recurrir a la violencia ni a la imposición.

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MARC) son procedimientos que permiten a las partes involucradas resolver sus diferencias sin necesidad de acudir al Poder Judicial, o bien de manera complementaria a él. Son más rápidos, menos costosos y pueden preservar las relaciones entre las partes.

Los cuatro principales MARC son:

Las diferencias son cruciales:

• En la negociación, no interviene nadie más: son las propias partes las que, mediante el diálogo, buscan una solución.
• En la mediación, interviene un tercero (mediador) que canaliza el diálogo, pero no tiene capacidad de decisión ni propone alternativas.
• En la conciliación, el tercero (conciliador) sí propone alternativas de solución, pero no impone ninguna: las partes las aceptan o rechazan libremente.
• En el arbitraje, el tercero (árbitro) tiene la facultad de resolver el conflicto, emitiendo un laudo arbitral que es inapelable y obligatorio.

Es importante señalar que no todos los conflictos pueden resolverse mediante MARC. Quedan excluidos, por ejemplo, los asuntos que involucran derechos fundamentales indisponibles, las faltas y delitos estipulados en las normas penales y los actos que contravengan el orden público y las buenas costumbres. En esos casos, la intervención del Estado a través de la justicia es irrenunciable.

En el Perú, los centros de conciliación y arbitraje están regulados por la Ley de Conciliación y la Ley de Arbitraje. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y las municipalidades suelen promover la conciliación como una vía rápida para resolver conflictos vecinales, familiares o comerciales.

La cultura de paz es un concepto promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO. Se define como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de la no violencia. No es simplemente la ausencia de guerra; es una cultura positiva que exige construir instituciones, educar en valores y transformar los conflictos por vías pacíficas.

La cultura de paz descansa en varios pilares:

• Respeto irrestricto de los derechos humanos. Sin derechos garantizados, la paz es solo un silencio impuesto por el miedo.
• Promoción de la democracia. La participación ciudadana, el pluralismo y la rendición de cuentas son condiciones para una paz duradera.
• Educación para la paz. La paz se aprende: requiere contenidos, metodologías y prácticas escolares que enseñen a resolver conflictos sin violencia.
• Erradicación de la pobreza y las desigualdades. Las grandes brechas sociales generan frustración y violencia; la paz integral supone justicia social.
• Eliminación de todo tipo de discriminación. Una cultura que excluye a ciertos grupos no puede llamarse cultura de paz.
• Promoción del desarrollo económico sostenible. El desarrollo brinda oportunidades y reduce los caldos de cultivo de la violencia.
• Solución de las controversias mediante el diálogo. La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje son herramientas cotidianas de la cultura de paz.
• Libre circulación de información. La transparencia y el acceso a la información fortalecen la confianza y previenen abusos.

La Asamblea General de la ONU, mediante su resolución 72/130, declaró el 16 de mayo como Día Internacional de la Convivencia en Paz, con el objetivo de movilizar los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad, y defender el deseo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias.

En el Perú, la construcción de una cultura de paz es especialmente relevante tras el conflicto armado interno de los años 1980 y 1990, cuyas secuelas aún se sienten. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó precisamente reformas institucionales y educativas para que la violencia no se repita. La educación para la paz, la educación en derechos humanos y la formación ciudadana son políticas que apuntan en esa dirección.

La convivencia democrática y la cultura de paz no son compartimentos separados: la primera es una práctica cotidiana de respeto a las diferencias; la segunda es el marco cultural que la hace posible. Si la cultura de paz es el suelo, la convivencia democrática es la planta.

Los problemas antes descritos (discriminación, delincuencia y corrupción) son exactamente los obstáculos que impiden ese círculo virtuoso:

• La discriminación destruye la igualdad y la tolerancia, bases de la convivencia.
• La delincuencia rompe la seguridad y la confianza, y empuja a soluciones autoritarias.
• La corrupción corroe la institucionalidad democrática, porque el poder público deja de estar al servicio del bien común.

Cuando estos problemas se naturalizan, la sociedad entra en una espiral de desconfianza. Por eso, la respuesta no puede ser únicamente punitiva: requiere formación ciudadana, transparencia, fortalecimiento institucional y participación activa de la sociedad civil, concepto que vimos en el tema anterior.

Un texto de admisión de la UNMSM 2021 lo expresaba con claridad: una reconstrucción real del sistema democrático e institucional peruano exige identificar las condiciones y requerimientos sociales, económicos y políticos que se precisan para una democracia verdaderamente representativa. Es decir, no se puede separar la calidad de la democracia de las condiciones materiales y culturales de la convivencia.