Oncenio

El Oncenio no surge de la nada. Al finalizar la República Aristocrática, el modelo civilista mostraba grietas profundas. La Primera Guerra Mundial había generado inflación, carestía y malestar en los sectores urbanos. Las huelgas obreras de 1919, en las que se conquistó la jornada de las 8 horas, mostraron la fuerza de los trabajadores organizados. Al mismo tiempo, el movimiento estudiantil universitario exigía una reforma profunda que terminara con el control de los profesores oligárquicos sobre la Universidad de San Marcos.

En el plano internacional, la guerra consolidó el desplazamiento del capital inglés por el estadounidense. Estados Unidos se convirtió en el principal prestamista y mercado de América Latina. En el Perú, este cambio se tradujo en una mayor presencia de empresas norteamericanas como la International Petroleum Company (IPC) y la Cerro de Pasco Copper Corporation.

La oligarquía civilista, debilitada por las divisiones internas y el descontento social, dejó de aparecer como la única alternativa de poder. Es en ese contexto que Augusto B. Leguía, un expresidente del Perú (1908-1912), se presentó como el candidato de la «Patria Nueva» que enfrentaría al civilismo, modernizaría el país y acercaría el Estado a las clases medias y a los sectores populares.

En 1919, el presidente José Pardo y Barreda, último mandatario de la República Aristocrática, convocó a elecciones presidenciales. Los candidatos fueron:

• Ántero Aspíllaga por el Partido Civil (oligarquía tradicional).
• Augusto B. Leguía, expresidente que se presentaba como opositor al civilismo, con un discurso populista y modernizador que apelaba a las clases medias, estudiantes y trabajadores.

Leguía contaba con amplio apoyo popular, pero la maquinaria civilista controlaba el proceso electoral. Al producirse denuncias de fraude en los resultados, Leguía, con el respaldo de un sector de la gendarmería y de oficiales jóvenes, dio un golpe de Estado el 4 de julio de 1919. Disolvió el Congreso, asumió como presidente provisional y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea, dominada por leguiístas, eligió a Leguía presidente constitucional y promulgó la Constitución de 1920, que le dio marco legal a su régimen. Desde el inicio, el gobierno mostró su carácter autoritario: interfirió en la instalación del Congreso, persiguió a los opositores y construyó una mayoría parlamentaria adicta.

Este golpe de Estado no fue una simple interrupción del orden constitucional. Representó el desplazamiento de la oligarquía civilista del poder y el surgimiento de un nuevo tipo de régimen: una dictadura cívico-militar que combinaba el autoritarismo, el culto a la personalidad y una política populista orientada a las clases medias emergentes.

Leguía llamó a su gobierno «Patria Nueva», en contraposición a la llamada «Patria Vieja» de la República Aristocrática. El lema expresaba la idea de un país renovado, que rompería con el dominio oligárquico, se modernizaría y se integraría al mundo bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Las características principales del régimen de la Patria Nueva son:

• Dictadura cívico-militar: aunque formalmente existían elecciones y un Congreso, el poder real estaba centralizado en Leguía. Se manipularon leyes y elecciones para permitir reelecciones sucesivas.
• Culto a la personalidad: Leguía se presentaba como el «salvador de la patria», el «nuevo conquistador del Perú moderno». Se levantaron monumentos en su honor y se difundió su imagen en la propaganda oficial.
• Antioligárquico: desplazó a la oligarquía civilista del poder político y la reemplazó por una burocracia estatal leal y por nuevos sectores medios urbanos.
• Intervencionista: el Estado asumió un rol activo en la economía, las obras públicas y la política social, aunque subordinado a los intereses del capital extranjero, especialmente estadounidense.
• Autoritario y represivo: se persiguió a los opositores, se manipuló el poder judicial, se controló la prensa y se implementaron leyes de emergencia para silenciar las protestas.
• Reeleccionista: a través de reformas constitucionales, Leguía se mantuvo en el poder por once años, de ahí el nombre de «Oncenio».

La Constitución de 1920

La Constitución de 1920, promulgada el 18 de enero de 1920, reemplazó a la Constitución de 1860. Entre sus principales disposiciones estaban:

• Período presidencial de cinco años, con prohibición de reelección inmediata. Sin embargo, fue reformada en 1923 para permitir la reelección de Leguía.
• Reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas: por primera vez se estableció protección legal para las tierras de las comunidades, aunque en la práctica no se alteró la estructura de la propiedad.
• Derechos sociales: se incluyeron normas sobre jornada laboral, regulación del trabajo de mujeres y menores, y arbitraje en conflictos obrero-patronales.
• Centralismo: fortaleció el poder del Ejecutivo frente al Legislativo, lo que facilitó el autoritarismo.
• Educación: se estableció la gratuidad de la enseñanza primaria.

En resumen, la Constitución de 1920 fue un instrumento jurídico que le dio legitimidad al régimen y permitió implementar su proyecto modernizador, al tiempo que incorporó demandas sociales para ganar apoyo popular.

El Oncenio transformó profundamente la economía peruana. Si la República Aristocrática había girado en torno al capital británico, durante el Oncenio el eje se desplazó hacia Estados Unidos. Esto se debió a la nueva hegemonía mundial de esa potencia y a la decisión explícita del gobierno de Leguía de atraer inversiones y préstamos norteamericanos.

4.1 Empréstitos y Misión Cumberland

La base del financiamiento del Oncenio fueron los empréstitos contratados con bancos estadounidenses. Estos préstamos permitieron financiar obras públicas y gastos del Estado, pero generaron una deuda creciente que ató al Perú a los intereses de los acreedores.

Los bancos estadounidenses impusieron condiciones para otorgar los préstamos, entre ellas:

• La creación de un banco central que manejara la emisión monetaria y las reservas.
• El control de las aduanas del Callao, principal fuente de ingresos fiscales, que quedó bajo supervisión extranjera.
• La reorganización del sistema financiero siguiendo las recomendaciones de la Misión Cumberland, una misión de asesores económicos estadounidenses que llegó en 1921-1922.

En 1922 se creó el Banco de Reserva del Perú (BCRP), hoy Banco Central de Reserva del Perú, con el objetivo de estabilizar la moneda, emitir billetes de forma ordenada y canalizar los préstamos extranjeros. La creación del BCRP fue un hito institucional, pero también consolidó la dependencia financiera respecto de Estados Unidos.

4.2 El Laudo de París y la entrega de recursos al capital extranjero

Un episodio central de la economía del Oncenio fue la resolución del litigio entre el Estado peruano y la International Petroleum Company (IPC) por los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, en la costa norte.

Desde inicios del siglo XX, la IPC explotaba esos yacimientos, pero existía una disputa sobre la propiedad y el pago de impuestos. En 1922, el gobierno de Leguía aceptó someter el caso a un arbitraje internacional en París. El Laudo de París resolvió:

• Reconocer la propiedad de la IPC sobre los yacimientos.
• Exonerar a la empresa del pago de impuestos por 50 años.
• Perdonar deudas pendientes de la IPC al Estado peruano.

Este laudo fue sumamente favorable a la empresa estadounidense y generó una gran controversia. Se convirtió en símbolo del «entreguismo» del régimen de Leguía y de su subordinación al capital extranjero. La IPC continuó controlando la explotación petrolera del norte peruano durante décadas.

4.3 Otras concesiones y enclaves

Durante el Oncenio se consolidaron los enclaves económicos controlados por empresas extranjeras:

• La Cerro de Pasco Copper Corporation, de capital estadounidense, expandió su control sobre la minería de cobre y plata en la sierra central, anexando tierras de comunidades campesinas y generando conflictos sociales.
• Los ferrocarriles nacionales fueron entregados a perpetuidad a la Peruvian Corporation, empresa de capital británico. Esto amplió los privilegios que ya tenía desde el Contrato Grace (1889).
• Se otorgaron concesiones para obras de infraestructura urbana, como el monopolio de las obras de salubridad a la Foundation Company, una empresa estadounidense, hecho preguntado en exámenes recientes.

Estos acuerdos mostraban la lógica del régimen: modernizar el país atrayendo capital extranjero, pero al costo de ceder soberanía y recursos estratégicos.

4.4 La Ley de Conscripción Vial (1920)

Una de las medidas más polémicas y recordadas del Oncenio fue la Ley de Conscripción Vial, promulgada en 1920. Esta ley obligaba a los varones indígenas de 18 a 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción de carreteras y caminos. La justificación oficial era que las vías de comunicación eran necesarias para integrar el país y sacar las materias primas de las regiones andinas hacia los puertos.

Sin embargo, en la práctica, la Conscripción Vial se convirtió en un mecanismo de explotación y trabajo forzado, similar a la mita colonial. Los campesinos eran sacados de sus comunidades para trabajar en obras viales sin remuneración, en condiciones durísimas y bajo el control de los gamonales locales, quienes se beneficiaban de la mano de obra gratuita. Esta medida fortaleció el poder de los terratenientes sobre los indígenas y generó un profundo descontento campesino.

4.5 Las grandes obras públicas del Centenario

El año 1921 marcó el Centenario de la Independencia del Perú. Leguía aprovechó esta efeméride para impulsar un ambicioso programa de obras públicas que modernizaron Lima y simbolizaron la «Patria Nueva».

Entre las principales obras se encuentran:

• Plaza San Martín, en homenaje al libertador José de San Martín, construida en el centro de Lima.
• Parque Universitario, frente a la Casona de San Marcos.
• Avenida Leguía (hoy avenida Arequipa), una amplia vía que conectó el centro con el nuevo distrito de clase media de San Isidro.
• Avenida del Progreso (hoy avenida Venezuela), que conectó Lima con el Callao.
• Avenida Colonial, que también unió Lima y el puerto.
• Palacio de Gobierno, reconstruido tras un incendio.
• Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial.
• Ampliación del terminal marítimo del Callao.
• Irrigaciones como las de Olmos e Imperial, destinadas a ampliar la frontera agrícola.

Estas obras, financiadas en gran parte con empréstitos, transformaron el rostro de la capital y beneficiaron sobre todo a las clases medias urbanas, que encontraron nuevas oportunidades de empleo y espacios públicos. Sin embargo, acentuaron la deuda externa y no resolvieron los problemas estructurales del país, como la concentración de la tierra en la sierra.

El Oncenio no solo fue un cambio político y económico; también transformó la estructura social peruana al impulsar el surgimiento de nuevos actores.

5.1 El ascenso de las clases medias

Uno de los cambios más visibles del Oncenio fue el crecimiento de las clases medias urbanas, conformadas por comerciantes, dueños de talleres, profesionales, empleados públicos y estudiantes. Este sector social, que había comenzado a surgir en las últimas décadas de la República Aristocrática, se expandió gracias a:

• La ampliación del aparato estatal, que creó nuevos puestos de trabajo en la burocracia.
• Las obras públicas, que demandaron ingenieros, arquitectos, administradores y técnicos.
• La modernización urbana, que generó nuevos distritos de clase media, como La Victoria, San Isidro y Lince.
• El acceso a la educación, que permitió la movilidad social de estos sectores.

Leguía convirtió a las clases medias en su base social de apoyo, otorgándoles empleo, prebendas y reconocimiento político. A cambio, estos sectores le dieron respaldo electoral y legitimidad al régimen, al menos en sus primeros años.

5.2 La Reforma Universitaria

El movimiento de la Reforma Universitaria, iniciado en Córdoba (Argentina) en 1918, llegó al Perú en 1919. Los estudiantes de la Universidad de San Marcos, liderados por personalidades como Víctor Raúl Haya de la Torre, exigían:

• Autonomía universitaria frente al poder político.
• Participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad (cogobierno).
• Derecho a tacha de profesores, es decir, poder cuestionar y remover a docentes incompetentes o vinculados a la oligarquía.
• Gratuidad de la enseñanza y acceso de nuevos sectores sociales.
• Renovación de los métodos pedagógicos y de los contenidos.

Leguía, en su lucha contra la oligarquía civilista, apoyó inicialmente a los estudiantes, pues sus demandas debilitaban a los sectores tradicionales. Se creó la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y se promovieron cambios en la Universidad de San Marcos, como la destitución de profesores civilistas y la incorporación de nuevos docentes. La reforma universitaria de 1920 estableció cátedras libres y mayor participación estudiantil.

Este apoyo inicial se fue desgastando a medida que el régimen se volvía más autoritario y los estudiantes radicalizaban sus posiciones, acercándose al aprismo y al socialismo.

5.3 La política indígena: entre el reconocimiento y el control

El Oncenio desarrolló una política indigenista que combinó el reconocimiento simbólico y legal de las comunidades andinas con el control social de la población campesina.

Medidas importantes fueron:

• Reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas en la Constitución de 1920.
• Creación del Día del Indio, el 24 de junio, para resaltar la herencia andina.
• Formación del Patronato de la Raza Indígena, entidad encargada de defender los derechos de los indígenas, aunque en la práctica sirvió para mediar entre gamonales y campesinos.
• Creación de la Oficina de Asuntos Indígenas y, posteriormente, de un Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas para canalizar las demandas de las comunidades.
• Organización de centros agrícolas y escuelas técnicas en las zonas rurales para capacitar a los indígenas en técnicas agrícolas y evitar la migración a las ciudades.

El objetivo de fondo de estas medidas era pacificar a la población campesina, frenar las protestas indígenas y ganar apoyo frente a los gamonales, sin alterar la estructura de la propiedad de la tierra. Por eso, a pesar del reconocimiento legal, no hubo reforma agraria. Los gamonales continuaron controlando las haciendas y la mano de obra indígena. La Ley de Conscripción Vial, analizada antes, fue la cara más dura de esta política de control.

Durante el Oncenio, el descontento social y la influencia de las nuevas ideas políticas dieron origen a los partidos de masas, que marcarían la vida política peruana del siglo XX: el APRA y el Partido Socialista Peruano.

6.1 El APRA y el pensamiento de Haya de la Torre

El APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) fue fundado en México en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, un líder estudiantil desterrado por Leguía. El APRA no era un partido peruano, sino una alianza continental antiimperialista que buscaba la unidad política y económica de América Latina frente al imperialismo estadounidense.

Los principales planteamientos del APRA eran:

• Antiimperialismo: lucha contra el control económico y político de Estados Unidos sobre América Latina.
• Unidad latinoamericana: integración de los pueblos de la región para enfrentar al imperialismo.
• Nacionalización de la tierra y de las industrias en manos extranjeras.
• Defensa de las clases medias como conductoras de la revolución antiimperialista, porque consideraba que eran las más golpeadas por la competencia extranjera y las más preparadas culturalmente.

Haya de la Torre sostenía que el imperialismo tenía dos caras: una «buena» —la llegada de capitales y tecnología que modernizaban la economía— y otra «mala» —la generación de dependencia y extracción de riquezas. Para él, antes de implantar el socialismo en América Latina, era necesario desarrollar y agotar el capitalismo nacional, es decir, permitir el crecimiento del capitalismo local para crear las condiciones materiales del socialismo. Esta tesis lo diferenció de los socialistas marxistas.

En 1928, los apristas en México crearon el Partido Nacionalista Libertador, un partido político peruano que debía abanderar la lucha por la independencia económica contra el orden oligárquico y el gamonalismo. Este partido proclamaba la entrega de tierras a los trabajadores, el lema «tierra y libertad», y el desconocimiento de las leyes favorables al gamonalismo y al imperialismo. Posteriormente, en 1930, Haya fundó en Lima el Partido Aprista Peruano (PAP) como sección peruana del movimiento.

6.2 El Partido Socialista y el pensamiento de Mariátegui

El Partido Socialista Peruano (PSP) fue fundado en Lima en 1928 por José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales más influyentes del Perú del siglo XX. Mariátegui había fundado la revista Amauta en 1926, espacio de difusión del pensamiento socialista y de las nuevas corrientes culturales.

El pensamiento de Mariátegui, expresado en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), se caracterizó por:

• Socialismo creativo, no copia ni calco: planteaba que el socialismo debía adaptarse a la realidad peruana, incorporando las tradiciones comunitarias del mundo andino.
• El problema del indio es el problema de la tierra: la cuestión indígena no era racial ni cultural, sino económica y social. La solución pasaba por transformar la estructura agraria.
• La revolución socialista debe ser dirigida por el proletariado (obreros), en alianza con el campesinado. A diferencia del APRA, que daba prioridad a las clases medias, Mariátegui consideraba que el sujeto revolucionario principal era la clase obrera organizada.
• Antiimperialismo consecuente: rechazaba la tesis de Haya de la Torre sobre el lado «bueno» del imperialismo. Para Mariátegui, el imperialismo era un obstáculo al desarrollo nacional y debía ser combatido sin concesiones.
• Rechazo al gamonalismo y al latifundismo: la lucha contra el gamonalismo era parte central de la revolución socialista en el Perú.

El Partido Socialista Peruano no se adhirió al régimen soviético de manera inmediata, pero tras la muerte de Mariátegui en 1930, el partido se transformó en el Partido Comunista Peruano, alineado con la Internacional Comunista.

Uno de los aspectos más controvertidos del Oncenio fue la resolución de los problemas limítrofes pendientes. Las decisiones tomadas generaron gran rechazo interno y marcaron la historia posterior del Perú.

7.1 El Tratado Salomón-Lozano con Colombia (1922)

El Tratado Salomón-Lozano fue firmado en 1922 entre el Perú y Colombia, representados por Alberto Salomón (Perú) y Fabio Lozano Torrijos (Colombia). Este tratado buscó resolver el conflicto limítrofe en la región amazónica.

Sus principales disposiciones fueron:

• El Perú cedió a Colombia el Trapecio Amazónico, que incluía la ciudad de Leticia, una salida al río Amazonas.
• Colombia cedió al Perú el Triángulo de Sucumbios y reconoció la soberanía peruana en la margen derecha del río Putumayo.

El tratado fue sumamente impopular en el Perú, pues se consideró que se entregaba territorio amazónico sin compensación justa. La pérdida de Leticia generó un gran malestar nacional y fue una de las causas del conflicto colombo-peruano de 1932-1933, ya en el periodo siguiente al Oncenio.

7.2 El Tratado de Lima o Rada Gamio-Figueroa con Chile (1929)

El Tratado de Lima, también conocido como Tratado Rada Gamio-Figueroa, fue firmado en 1929 entre el Perú y Chile, representados por Pedro José Rada y Gamio (Perú) y Emiliano Figueroa Larraín (Chile). Este tratado puso fin a la cuestión de Tacna y Arica, territorios ocupados por Chile desde la Guerra del Pacífico (1879-1883).

Las disposiciones principales fueron:

• Tacna retornó a la soberanía del Perú.
• Arica quedó definitivamente para Chile.
• Se establecieron compensaciones económicas y un protocolo para la construcción de obras en la zona.

El tratado fue presentado por el gobierno peruano como un éxito diplomático por recuperar Tacna, pero también fue criticado por aceptar la pérdida definitiva de Arica. Para la población peruana, especialmente en el sur, fue un acuerdo difícil de asimilar.

📌 Nota: Aunque el Tratado de Lima no aparece directamente en las preguntas reales citadas como clave, es un tema recurrente en los exámenes de admisión y suele evaluarse junto con el Tratado Salomón-Lozano. Es importante conocer ambas soluciones limítrofes y sus consecuencias.

El Oncenio terminó de manera abrupta y violenta, arrastrado por la crisis económica mundial y el descontento interno.

8.1 El Crack de la Bolsa de Nueva York (1929)

En octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Wall Street, en Nueva York, se desplomó. Este evento, conocido como el Crack de 1929 o jueves negro, dio inicio a la Gran Depresión, la mayor crisis económica del sistema capitalista del siglo XX.

La crisis tuvo efectos devastadores en la economía mundial y, especialmente, en los países dependientes de Estados Unidos como el Perú:

• Fin de los préstamos e inversiones estadounidenses: los bancos norteamericanos suspendieron los empréstitos, que eran la base del financiamiento del Oncenio.
• Caída de las exportaciones peruanas: los precios de las materias primas (algodón, azúcar, cobre, petróleo) se desplomaron, reduciendo drásticamente los ingresos fiscales.
• Desempleo y recesión: las empresas redujeron su producción, generando despidos masivos y pobreza.
• Paralización de las obras públicas: sin financiamiento, el Estado no pudo continuar el programa de obras que sostenía el empleo y la popularidad del régimen.

La crisis económica se tradujo en un rápido deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores urbanos y rurales, lo que alimentó las protestas sociales.

8.2 Las protestas y la oposición

A la crisis económica se sumó el creciente descontento político. La oposición al régimen provenía de varios frentes:

• La oligarquía agroexportadora, desplazada del poder, que nunca aceptó la dictadura de Leguía.
• Los estudiantes y los partidos de masas (APRA y Partido Socialista), que denunciaban el autoritarismo y la entrega al capital extranjero.
• Los trabajadores y campesinos, golpeados por la crisis y por la Ley de Conscripción Vial.
• Sectores militares, descontentos por la interferencia del régimen en las instituciones armadas.

Las protestas se multiplicaron, combinando huelgas obreras, movilizaciones estudiantiles y levantamientos campesinos. La situación se volvió insostenible.

8.3 El golpe de Estado de Luis Sánchez Cerro

El 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa contra el gobierno de Leguía. Su pronunciamiento militar contó con el respaldo de guarniciones del sur del país y de los hacendados de la región, quienes veían en la caída de Leguía la oportunidad de recuperar influencia política.

Sánchez Cerro se presentó como el líder que salvaría al país del caos y de la «dictadura leguiísta». Su movimiento se extendió rápidamente y forzó la renuncia de Leguía. El expresidente fue apresado, enjuiciado y encarcelado en el Panóptico de Lima. Leguía es, hasta ahora, el único presidente del Perú que murió en prisión, en 1932.

Con la caída de Leguía se inició una nueva etapa de la historia peruana: el Tercer Militarismo (1930-1939), caracterizada por gobiernos militares de tendencia fascista, crisis económica y una violenta confrontación entre el Estado y los partidos de masas, especialmente el APRA.